Sobre indultos a violadores de DD.HH.

Por Observatorio de DDHH y Violencia Policial

Como Observatorio de DDHH y Violencia Policial hemos conocido las declaraciones del Presidente
Piñera y su voluntad de presentar un proyecto de ley que permitiría indultar a presos por delitos
de lesa humanidad, hoy en su mayoría recluidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de
Punta Peuco.

Una vez más asombran y duelen las palabras del Presidente, quien, sin fundamento jurídico ni
ético alguno, anuncia un proyecto de esta naturaleza, encubierto con el pretexto de una
“humanidad” que esos reclusos no tuvieron ni han tenido en lo que va de su condena. Las penas
fundadas por los probados delitos de torturas, asesinatos, violaciones y secuestros son las que
podrían ser indultados con esta iniciativa.

Muchos países cuentan con legislación para indultar a presos en casos de edad avanzada o
enfermedad terminal. Ninguno de ellos beneficia a condenados por crímenes de lesa humanidad.
En Chile, nuestra legislación ni siquiera contempla esas causales en el caso de reos comunes.

Aunque el indulto es una facultad privativa del Presidente, éste no se puede otorgar fuera de los
márgenes que establece el ordenamiento jurídico. Hoy día el Presidente Piñera no posee dicha
atribución sobre los reos de Punta Peuco. Buscar el resquicio para acomodar la legislación y así
cubrir con el indulto a violadores de DDHH es solo un intento fútil para congraciarse con uno de los
sectores más extremos de la derecha chilena, aunque con ello desoiga su compromiso con todos
los ciudadanos que le confiaron la conducción del país y el cumplimiento de las leyes de la
República.

El Derecho Internacional y la Corte Interamericana de DDHH han negado sistemáticamente la
aplicación de indultos a condenados por delitos de lesa humanidad porque esos crímenes son
imprescriptibles, no amnistiables y no indultables: «Son inadmisibles las disposiciones de
prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la
investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”
(CIDH, Caso Barrios Altos v/s Perú 2001, Serie C nº 75, fundamento 41).

Debemos volver a señalar que los condenados por delitos de lesa humanidad, en su gran mayoría
en el), mantienen una situación privilegiada en comparación con sus pares delincuentes, los que
padecen situaciones de hacinamiento e indignidad que se arrastran por décadas. En muchos
recintos la tasa de ocupación supera el 150%. En Punta Peuco esta relación es de 108,9% (INDH,
Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile, 2019). Si a ello se suman las excepcionales
condiciones de esparcimiento y ocio que ya conocemos, resulta para todos una burla que ningún
gobierno desde 1990 ha podido o querido encarar.

Incluso en el contexto de la pandemia que vivimos el personal profesional de salud en el sistema
carcelario es escaso. En la Región Metropolitana, por ejemplo, hay un médico -contratado por
horas- por cada 1.152 reclusos (Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, UDP, 2019). En
Punta Peuco hay un médico para 122 internos (INDH 2019) y dicho penal concentra el 10% del
personal de salud registrado en un universo de 40 recintos aun cuando tiene un 2,25% de la
población penal encuestada por el estudio del INDH; condenados que al menor síntoma de alguna
complicación de salud son trasladados de manera inmediata a los hospitales institucionales, donde
reciben una atención de salud que está muy por encima de los estándares de la que recibe el 80%
de los chilenos que se atiende en el sistema público.

Una ley humanitaria siempre debiera ser bien mirada, sobre todo considerando la indigna
condición en que viven los condenados en las cárceles chilenas. Será bienvenida para aquellos que
padecen enfermedades terminales. Pero no aplica para los condenados por delitos de lesa
humanidad. No solo porque el derecho chileno y el derecho internacional no lo consideran, sino
porque sería una afrenta directa a las víctimas sobrevivientes y a todas las familias de los chilenos
y chilenas que sufrieron crueldades indescriptibles, torturas y apremios inhumanos, la
desaparición y la muerte. ¿De qué gesto humanitario hablamos si durante décadas ni siquiera
hemos visto a ninguno de ellos arrepentirse por todo el daño causado?

Como Observatorio de DDHH y Violencia Policial denunciamos y repudiamos el intento del
gobierno de Sebastián Piñera de incluir a condenados por crímenes de lesa humanidad en este
proyecto de ley de indulto y exigimos de los parlamentarios una intención ética y una conducta
donde prime la responsabilidad política. Por el bien del alma y de la dignidad del pueblo chileno,
esperamos que una norma que atenta contra los mínimos éticos que cualquier sociedad
democrática posee, nunca sea aprobada.

Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial
contacto@observatorioddhh.cl

 

Santiago, 07 de abril 2020.