COMUNICADO DEL 04/04/2020
EL OBSERVATORIO DE DDHH Y VIOLENCIA POLICIAL CONDENA AGRESIONES
SUFRIDAS POR JOVEN EMBARAZADA EN VILLA FRANCIA
La tarde del pasado 29 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día del Joven
Combatiente en Villa Francia y ajena a los enfrentamientos que se producían entre
Carabineros y manifestantes, Valentina, una joven embarazada de 21 años, fue víctima de
una violenta detención por parte de un piquete de Fuerzas Especiales a solo 20 metros de
su casa, y posteriormente trasladada a la 58° Comisaría de Estación Central, lugar donde
las agresiones continuaron y le causaron lesiones graves a ella y al feto de aproximadas
seis semanas de gestación.
Aunque la joven advirtió a los funcionarios sobre su estado de embarazo, de acuerdo con
la declaración difundida por la familia, “los efectivos policiales le propinaron una patada
en su espalda, cayó al piso, y le sujetaron del cuello y su brazo derecho, y otro efectivo la
tomó del brazo izquierdo subiéndola al carro policial”.
Durante su traslado a la comisaría, comenzó a sentir dolor vulvar y sangraba
profusamente. Los funcionarios policiales que la custodiaban desplegaron hacia ella un
intenso maltrato psicológico, especulando respecto de la paternidad de su hijo y las
condiciones de su embarazo. No conformes con ello, el conductor del carro desarrolló
maniobras con la clara intención de que Valentina se cayera y se golpeara de forma
reiterada durante el trayecto, lo que efectivamente sucedió.
La joven solicitó en reiteradas oportunidades ejercer su derecho legal de una llamada
telefónica. Nunca se le permitió.
Posteriormente fue traslada al CESFAM Padre Vicente Irarrázaval para constatar lesiones.
El médico de turno minimizó su condición, pese al evidente sangrado, y la derivó a la
unidad de maternidad del Hospital San Borja Arriarán. En dicho recinto, fue sometida a
nuevos maltratos por parte de la profesional que la atendió, quien además de negarse a la
solicitud de la joven de que el personal policial saliera de la sala ginecológica donde era
atendida, le propinó “golpes en el brazo y empujones para que se recostara, le quitó una
zapatilla y bajó su pantalón procediendo a la introducción del espéculo (…) con excesiva
molestia y mal trato”, increpándola cuando la joven le plantea que se encontraba en su
sexta semana de gestación y no las doce semanas que afirmaba la profesional.
De regreso a la comisaría, recién se llama a su familia para informarle de su detención, sin
entregar mayores antecedentes y su padre concurrió a buscarla. Al día siguiente Valentina
continúo con intensos dolores y un profuso sangrado, que le llevaron nuevamente a dicho
recinto, donde se constató que no tenía saco gestacional y que había perdido a su bebé.
Como OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLICIAL condenamos
enérgicamente estos hechos constitutivos de los delitos de violencia innecesaria, maltrato
psicológico, lesiones graves y tortura por parte de agentes del Estado. Asimismo, el
tratamiento dado por el personal médico que, de acuerdo con los estándares de la
Organización Mundial de la Salud, responden a criterios de violencia obstétrica.
El actuar de la FF.EE. de Carabineros de Chile y del personal de salud que constató
posteriormente las lesiones, es inadmisible en un Estado democrático y garante de los
derechos humanos. En efecto, Valentina no solo no recibió la atención que corresponde
ante una situación grave de violencia policial, que culminó con la pérdida de una vida en
gestación, sino también fue objeto de un trato degradante, ultrajante y negligente.
Este abuso de poder y actuar delictivo debe ser investigado en todas las instancias, de
manera exhaustiva para determinar con precisión la magnitud de ellos, individualizar a los
responsables de aquellos hechos y aplicar el máximo de las sanciones penales y
administrativas que en derecho correspondan. La impunidad no puede ser el resguardo
de conductas delictivas de funcionarios públicos que por mandato constitucional y legal
se deben obligar a proteger la vida y la seguridad de las personas.
Interpelamos a las autoridades para que, sin más demora, se inicie un debate profundo en
torno a la institucionalidad policial que la sociedad chilena requerirá en un nuevo marco
democrático para asegurar el cuidado y respeto de la dignidad y los derechos humanos, lo
que va más allá de la sola reforma a la Ley Orgánica de Carabineros y adecuación de sus
protocolos.
Finalmente, hacemos llegar nuestra solidaridad a Valentina y su familia, esperando que
casos como éste no se repitan nunca más.
Observatorio de DDHH y Violencia Policial